Comunicado de Prensa: Colaboración para mejorar servicios de educación en PR


Durante más de 20 años, las organizaciones profesionales que representan a los psicólogos y las psicólogas del País han estado denunciando las irregularidades en los servicios de Educación Especial. Miembros de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), en colaboración con la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico (APEP), se han reunido con representantes del Departamento de Educación, miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para desarrollar varias medidas dirigidas a mejorar los servicios de educación especial.

Nuestros esfuerzos para promover la implantación de reformas en el Sistema Educativo mediante legislación han sido aminorados y la respuesta de los representantes gubernamentales y del propio Departamento de Educación (DE) es que los servicios psicológicos se están brindando a través de corporaciones privadas y que el DE no cuenta con los fondos necesarios para contratar psicólogos a tiempo completo. La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP), la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico (APEP) y la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (JEP) han denunciado en los medios de comunicación y en vistas públicas que el modelo de servicios de salud mental actual ofrecido en las escuelas impide el desarrollo de programas efectivos de prevención e intervención en este escenario.

Recientemente, miembros de la Junta Examinadora de Psicólogos de PR presentaron en vistas públicas de la Resolución de la Cámara 1065, para investigar el aumento en el número de niños y niñas registradas en el programa de educación especial. Miembros de la JEP informaron sobre asuntos relevantes a la psicología que pudieran estar impactando los servicios de educación especial del País, entre ellos: (1) el proceso de evaluación psicológica para la identificación de necesidades especiales, (2) falta de cumplimiento con la Ley IDEA , la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley ADA, (3) la cantidad de niños/as que requieren el servicio versus la cantidad de psicólogos disponibles y (4) la presencia de intermediarios en servicios de psicología, que incrementan los costos sin contribuir a la calidad. En dicha ponencia se presentaron datos recopilados por miembros de la JEP sobre los procesos de evaluación que ofrecen las corporaciones privadas. Se plantearon problemas sobre la dificultad de identificar a los niños que pudieran necesitar el servicio, pues no tienen a profesionales de la psicología presentes de modo continuo en las escuelas. Además, se presentaron las limitaciones que tienen los psicólogos y las psicólogas al momento de evaluar. Las corporaciones no les proveen las pruebas, el espacio apropiado, los materiales, ni la información relevante sobre el estudiante que van a evaluar. Todos estos factores son importantes para el proceso de evaluación. Presentaron la preocupación de que los psicólogos y las psicólogas que trabajan en estas corporaciones reciben una remuneración económica por debajo de lo esperado para una profesión que tiene un nivel de entrada de un grado de maestría.

Las organizaciones profesionales en psicología no son las únicas que han denunciado este problema. El 24 de enero del 2015, el Concilio Pro Personas con Diversidad Funcional señaló irregularidades en los diagnósticos de educación especial. Mencionaron la pobre paga a los psicólogos por evaluación y cómo esto afecta las evaluaciones y el diagnóstico. Además, expresaron haber participado del proceso de evaluación de las propuestas de compañías para ser contratadas por el Departamento de Educación, y aseguraron que el documento nuevo de las corporaciones es completamente similar al anterior. La Asociación de Maestros ha respaldado nuestros esfuerzos en lograr la contratación de psicólogos y psicólogas en las escuelas, el Comité Timón de padres del pleito de Rosa Lydia Vélez también llevan dos décadas haciendo el mismo señalamiento. Por lo que nos preguntamos por qué nuestros reclamos continúan siendo ignorados.

Una de las alternativas presentadas por la profesión es la contratación de psicólogos en el sistema de educación pública para el “apoyo y servicios tanto al personal docente como al estudiantado directamente. Podrá identificar posibles problemas del estudiante, intervenir con el mismo y si es necesario referir el caso a otros/as profesionales de la salud”. Esta iniciativa comenzó con la aprobación de la Ley 170-2000. Sin embargo, al día de hoy esta ley no ha sido implantada. Con el propósito de clarificar alcance de la práctica de la psicología en las escuelas de forma que pueda facilitar la contratación de éstos profesionales, se radicó y está pendiente a la aprobación del Senado, el P del S 772. Este es un proyecto de consenso ya que va dirigido a atender las necesidades de servicio psicológico de los estudiantes en el sistema público de educación.

Esta colaboración de organizaciones que agrupan los psicólogos y las psicólogas de Puerto Rico para concienciar al Gobierno en asuntos relacionados a la salud mental y educación de los niños y las niñas, evidencia el compromiso que tiene la profesión de la psicología con el País y sus políticas públicas. Continuaremos luchando por lograr servicios de salud mental de calidad para nuestros estudiantes.

Julio E. Santana Mariño, PhD Presidente Asociación de Psicología de Puerto Rico

Gloria Tirado, MA Presidenta Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico

Blanca E. Rivera Alicea, MA Presidenta Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico

María V. Rolón Martínez, PhD Pasada Presidenta Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico Miembro Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico

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